La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) ha señalado que la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión representa una “contrarreforma digital” que centraliza el control en una Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), subordinada al Poder Ejecutivo. Este organismo reemplazaría al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), eliminando su autonomía técnica y colegiada.

Entre los puntos más polémicos de la ley se encuentra el artículo 109, que permite el bloqueo temporal de plataformas digitales. Según Jorge Bravo, presidente de la AMEDI, esta medida podría violar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la cultura. Bravo también criticó que la ley se haya aprobado en fast track, sin consulta a operadores, académicos ni especialistas, calificando este proceso como inadmisible.

La ley ha generado preocupación entre organizaciones como Artículo 19 y la ONU-DH México, quienes advierten que las disposiciones de la ATDT podrían ser inconstitucionales y contrarias a estándares internacionales de derechos humanos. Además, se ha señalado que la concentración de poder en una sola persona dentro de la ATDT podría convertirla en un órgano político que priorice el control sobre la inclusión digital.

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto modificar o eliminar el artículo 109 para evitar acusaciones de censura y abrir la discusión sobre la recuperación de atribuciones por parte del Estado. Sin embargo, expertos y legisladores opositores continúan alertando sobre los riesgos de esta legislación para la libertad de expresión y la democracia.