El operativo del lunes 12 de octubre provocó bloqueos y quema de vehículos; los hechos abren interrogantes sobre la coordinación y la respuesta de las autoridades.

La Fiscalía General del Estado de Morelos entregó a José David “N”, detenido durante un operativo en Totolapan e identificado por las autoridades como presunto generador de violencia, luego de que tres colaboradores de la institución fueran retenidos en medio de bloqueos y quema de vehículos registrados este lunes 12 de octubre.

Según la información difundida por la Fiscalía, los tres trabajadores fueron liberados posteriormente. Uno de ellos presentó una herida de arma de fuego y fue reportado estable.

El desenlace del operativo plantea interrogantes sobre la evaluación de riesgos, la planeación y la coordinación entre las corporaciones de seguridad para enfrentar posibles represalias y proteger al personal participante.

Asimismo, corresponde a las autoridades esclarecer las circunstancias en las que se decidió entregar al detenido, informar sobre su situación jurídica y determinar si existen responsabilidades por los hechos registrados.

Por su parte, la gobernadora Margarita González Saravia enfrenta el reto de fortalecer la coordinación entre las instituciones estatales y federales para atender los problemas de seguridad en Morelos, mismos que a dos años de su gobierno continuan sin dar tregua a la población del estado.

Lo ocurrido en Totolapan coloca nuevamente en la agenda pública la actuación de las autoridades frente a la delincuencia organizada y la necesidad de informar sobre las medidas adoptadas para evitar que hechos similares se repitan.

Se debe de tomar en cuenta que el estado de Morelos, se encuentra ubicado en el centro del país y conectado con la Ciudad de México, esto exhibe la poca fuerza de respuesta en seguridad y que se necesita una coordinación efectiva entre los gobiernos estatal y federal, cada uno dentro de sus competencias.

La ciudadanía merece respuestas: ¿quién asumirá la responsabilidad por lo ocurrido y qué medidas se tomarán para evitar que la presión criminal vuelva a condicionar las decisiones de las autoridades?