La adopción de tarjetas, transferencias y códigos QR busca reducir el uso de efectivo, pero la falta de conectividad y las comisiones bancarias generan dudas sobre las condiciones en que deberán adaptarse los pequeños negocios.

La transición hacia los pagos digitales abre un nuevo frente para el comercio en México: mientras los establecimientos formales deben asumir impuestos, permisos, servicios y, en algunos casos, comisiones bancarias, la incorporación del comercio informal a este modelo continúa siendo uno de los principales desafíos para las autoridades.

Aunque las transacciones electrónicas ofrecen rapidez y facilitan el registro de las operaciones, no todos los negocios cuentan con internet estable, infraestructura bancaria o recursos suficientes para absorber los costos asociados. En comunidades con conectividad limitada, incluso una operación mediante código QR puede resultar complicada.

El contraste está en las condiciones desiguales del mercado. Los comercios establecidos tienen obligaciones fiscales y administrativas que elevan sus gastos de operación, mientras que parte del comercio informal permanece al margen de esas mismas exigencias. La expansión de los pagos digitales, por sí sola, no garantiza que esa brecha desaparezca.

El problema no radica en modernizar los métodos de pago, sino en cómo se implementarán las nuevas disposiciones y qué mecanismos utilizará la autoridad para asegurar su cumplimiento. También será necesario considerar las fallas de conexión, los costos bancarios y las alternativas para quienes no puedan realizar una transacción electrónica.

La pregunta de fondo es si la digitalización contribuirá a ordenar la actividad comercial o si terminará imponiendo nuevas exigencias a los negocios que ya cumplen, sin resolver las dificultades para regular e incorporar al comercio informal.