El asesinato de Zenón Juárez Hernández, dirigente municipal del PRI en Tetecala, ocurrido la noche del 18 de septiembre, vuelve a poner bajo la lupa la situación de seguridad en Morelos. El ataque, en el que también murió otra persona, ocurre apenas ocho días después del inicio formal del Proceso Electoral 2026-2027, que comenzó el 10 de septiembre. 

El momento no es menor. Morelos entra de lleno a un periodo electoral en el que la seguridad debe ser una condición indispensable para que ciudadanos, partidos, candidatos y autoridades puedan desarrollar sus actividades sin temor.

La Fiscalía estatal informó que mantiene abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer el doble homicidio, pero hasta ahora no ha informado de personas detenidas ni de un móvil confirmado. Tampoco existe, por el momento, una determinación oficial que vincule el asesinato con la actividad política.

Ante este escenario, la exigencia de rendición de cuentas hacia el Gobierno estatal debe ser clara: ¿qué está funcionando de la estrategia de seguridad?, ¿cuáles son los resultados concretos?, ¿qué acciones se están tomando para prevenir nuevos hechos de violencia? y, particularmente ante el inicio del proceso electoral, ¿qué garantías existen para proteger a quienes participarán en la contienda y a la ciudadanía?

La gobernadora Margarita González Saravia tiene frente a sí la obligación política e institucional de informar con claridad sobre los resultados de su estrategia de seguridad, los recursos destinados, los objetivos alcanzados y las acciones que habrán de implementarse para evitar que la violencia siga imponiéndose en el estado.

No basta con anunciar estrategias ni con reportar cifras: la ciudadanía necesita resultados verificables, investigaciones que lleguen hasta sus últimas consecuencias y una explicación pública sobre qué se está haciendo para recuperar la seguridad en Morelos.

El asesinato de un dirigente partidista al arranque del proceso electoral no debe normalizarse. Debe ser un llamado de atención para que las autoridades rindan cuentas, transparenten resultados y garanticen condiciones de seguridad durante todo el proceso electoral.