La noche del 12 de septiembre quedó en evidencia la inseguridad que enfrentan diariamente los habitantes de Cuautla y de todo Morelos. Una estudiante de intercambio, de nacionalidad española, Claudia Tacoronte, fue víctima de un asalto con arma blanca, un hecho que nuevamente pone en entredicho las condiciones de seguridad que existen en la ciudad.

El problema no es nuevo. Los habitantes de Cuautla y de Morelos llevan años enfrentando extorsiones, asaltos y hechos violentos que se presentan con una frecuencia preocupante. La ciudadanía sale a trabajar, estudiar o realizar sus actividades cotidianas con miedo e incertidumbre, mientras las autoridades continúan anunciando operativos, mesas de seguridad y nuevas estrategias que, hasta ahora, no han conseguido cambiar de fondo esta realidad.

El Gobierno del Estado no ha estado solo. Ha contado con el respaldo del Gobierno Federal y de los ayuntamientos para implementar acciones de seguridad, operativos y estrategias de coordinación. En el caso de Cuautla, incluso se puso en marcha el Plan Cuautla, con la participación de los tres órdenes de gobierno y el despliegue de elementos de seguridad.

Pero la pregunta es inevitable: ¿dónde están los resultados?

Si existen recursos, coordinación, elementos de seguridad y operativos, ¿por qué los ciudadanos continúan siendo víctimas de asaltos, extorsiones y hechos violentos?

La sociedad está cansada de discursos. Está cansada de que, después de cada hecho delictivo, se anuncien reuniones, operativos y estrategias, mientras en las calles la realidad sigue siendo otra.

Cuautla enfrenta una situación de inseguridad que no puede minimizarse. La delincuencia parece avanzar con mayor rapidez que las respuestas institucionales. Las autoridades pueden presumir coordinación, pero para los ciudadanos la verdadera evaluación está en las calles y en la posibilidad de salir de casa sin miedo.

Y en medio de esta crisis aparece nuevamente la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde los casos de violencia contra estudiantes, incluidos feminicidios, han sido reiterativos y han generado indignación dentro y fuera de la comunidad universitaria.

No se trata de un caso aislado. La repetición de estos hechos obliga a cuestionar qué están haciendo las instituciones para proteger realmente a las estudiantes. La comunidad universitaria y las familias merecen respuestas, no solamente comunicados después de que ocurre una tragedia.

El caso de Claudia Tacoronte vuelve a poner el tema sobre la mesa y trasciende las fronteras de Morelos. Mientras tanto, la sociedad observa con preocupación cómo las instituciones encargadas de garantizar la seguridad parecen reaccionar después de que ocurren los hechos, en lugar de prevenirlos.

Cuautla y Morelos están cansados. Cansados de vivir con miedo, de las extorsiones, de los asaltos y de que la violencia alcance nuevamente a estudiantes y jóvenes.

El Gobierno del Estado ha tenido apoyo federal y municipal. La UAEM cuenta con una comunidad académica, autoridades y recursos institucionales. Lo que la sociedad exige ahora son resultados.

Porque mientras las autoridades hablan de coordinación y estrategias, en las calles siguen ocurriendo hechos que demuestran que algo no está funcionando.

La seguridad no puede medirse por el número de reuniones realizadas ni por la cantidad de operativos anunciados. Se mide por cuántas personas pueden regresar a casa, estudiar, trabajar y caminar por su ciudad sin convertirse en una víctima más.