La Administración de Donald Trump ha implementado una controvertida medida que clasifica a más de 6,000 migrantes, principalmente de origen latino, como fallecidos en bases de datos oficiales. Según The Washington Post, esta acción busca restringir su acceso a permisos de trabajo y beneficios sociales, presionándolos a abandonar Estados Unidos de manera voluntaria.

La política, ordenada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se sustenta en dos memorandos internos que autorizan al Seguro Social a registrar como fallecidos a migrantes que perdieron su estatus legal o cuyas visas emitidas durante el gobierno de Joe Biden han expirado bajo el mandato actual. Además, el gobierno planea incluir a 92,000 migrantes con condenas penales en esta lista, algunos de ellos vinculados a la lista de vigilancia terrorista del FBI.

Funcionarios del Seguro Social han cuestionado la legalidad de esta práctica, argumentando que viola las leyes de privacidad al incluir a personas vivas en el archivo de defunciones. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia que incluye la revocación de permisos migratorios, el desarrollo de una aplicación móvil para solicitar deportaciones y el traslado de presuntos miembros del crimen organizado a cárceles de máxima seguridad en El Salvador.