El pasado 4 de agosto, el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, fue asesinado en un ataque armado en la ciudad de Reynosa. El funcionario, con más de 30 años de servicio en el sistema de procuración de justicia, encabezaba diversas investigaciones de alto impacto en la entidad.

Entre los casos bajo su responsabilidad se encontraba una denuncia presentada por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) contra Tania Gisela Contreras López, presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas y exconsejera jurídica del gobernador Américo Villarreal. La denuncia señalaba presuntos delitos de asociación delictuosa y tráfico de influencia, registrados en la carpeta FED/TAMP/REY/0000954/2025.

Aunque la FGR resolvió no ejercer acción penal en contra de la funcionaria, la investigación permanecía activa en el contexto de otras indagatorias relacionadas con redes de corrupción y vínculos con grupos delictivos.

El ataque contra el delegado incluyó el uso de armas de alto poder y artefactos explosivos, y se presume que fue perpetrado por integrantes del Cártel del Golfo, en represalia por operativos recientes contra el robo de hidrocarburos en la región.

Diversas instancias del ámbito político y judicial han expresado su condena ante este hecho, exigiendo el esclarecimiento inmediato del crimen y el fortalecimiento de las medidas de protección para servidores públicos que desempeñan funciones estratégicas en el combate a la delincuencia organizada.