Mientras en Chihuahua se investigan posibles irregularidades de su exfiscal, en Morelos las fallas de planeación y coordinación dejan preguntas sin responder y ponen en riesgo a la población.

La actuación de las autoridades federales frente a los casos de Chihuahua y Morelos abre un debate sobre la exigencia de responsabilidades en materia de seguridad. 

El caso de Chihuahua la participación de agentes extranjeros en un operativo derivó en una investigación contra el exfiscal César Jáuregui, en Morelos las explicaciones oficiales apuntaron a la falta de preparación para una detención de alto impacto lo que evidencia a todo el gobierno de Morelos por los errores en Totolapan.

La diferencia genera cuestionamientos: ¿por qué no se exige la misma claridad sobre la planeación, los protocolos y la cadena de mando cuando las fallas ocurren en territorio morelense?

En Totolapan, el operativo y sus consecuencias dejaron agentes privados de la libertad, un despliegue de emergencia y elementos de la Guardia Nacional muertos en un accidente cuando acudían a reforzar la zona. Más allá de las decisiones tomadas ante una situación de riesgo, es necesario esclarecer qué falló y quién debe responder.

Al final, quienes pagan las consecuencias son los morelenses, que viven con la incertidumbre, la violencia y la preocupación de que las instituciones encargadas de protegerlos no cuenten con la coordinación necesaria, ante el evidente fallo en seguridad en el gobierno de Margarita Gonzalez Saravia Calderón.

La exigencia no es adelantar culpabilidades, sino aplicar el mismo rigor para investigar, transparentar decisiones y deslindar responsabilidades. Porque la seguridad pública no puede depender de explicaciones posteriores: requiere prevención, coordinación y rendición de cuentas.