El asesinato de Jesús, conocido como “El Chuy”, y su pareja Rosalba, comerciantes de elotes y esquites, vuelve a poner sobre la mesa la situación que enfrentan pequeños comerciantes ante las amenazas, el acoso y la presunta extorsión de grupos delictivos.

El caso ha generado indignación debido a las versiones de que la pareja habría enfrentado previamente situaciones relacionadas con amenazas y presuntos intentos de extorsión, por lo que el llamado ahora es a las autoridades para que investiguen a fondo no solo el doble homicidio, sino también si existieron denuncias o reportes previos y qué respuesta recibieron de las instituciones encargadas de garantizar su seguridad.

Más allá de determinar quiénes fueron los responsables materiales del ataque, resulta fundamental esclarecer si las víctimas habían advertido previamente sobre algún riesgo y, de ser así, por qué esas alertas no derivaron en acciones oportunas para protegerlas.

La preocupación crece entre comerciantes y trabajadores que diariamente salen a buscar el sustento de sus familias y que, en algunos casos, terminan enfrentándose a amenazas, cobros de piso o extorsiones simplemente por desarrollar una actividad económica.

El reclamo también apunta a evitar que las autoridades actúen únicamente cuando un caso alcanza las redes sociales, genera indignación pública o se convierte en noticia nacional. La prevención debe comenzar desde la primera denuncia y no después de que ocurra una tragedia.

Por ello, se requiere que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca esclarezca si existieron denuncias, llamadas de auxilio o antecedentes de amenazas contra “El Chuy” y Rosalba, así como las actuaciones realizadas por las autoridades antes del ataque.

El caso también plantea una pregunta de fondo: ¿cuántos comerciantes tienen que ser amenazados, extorsionados o asesinados para que las denuncias sean atendidas con la misma urgencia que reciben cuando un hecho se vuelve viral?

La exigencia es que la investigación no se limite a encontrar a los responsables del doble homicidio, sino que permita conocer qué ocurrió antes del ataque, si hubo omisiones y qué medidas se están tomando para evitar que otros trabajadores sean víctimas de la misma situación.

Porque la seguridad no puede depender de que una denuncia se haga viral para que sea escuchada. La obligación de las autoridades es actuar cuando la ciudadanía pide ayuda, antes de que una amenaza termine convirtiéndose en una tragedia.