Mientras el Gobierno federal reconoce de manera constante la importancia de los mexicanos que viven en el extranjero y de las remesas que envían a sus familias, una reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca establecer nuevos candados para quienes tengan doble nacionalidad y pretendan competir por la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado, y ahora está siendo enviada a los Congresos estatales, que deben aprobarla como parte del procedimiento de reforma constitucional. El Senado la aprobó con 86 votos a favor y 42 en contra. 

La propuesta establece que quienes aspiren a estos cargos deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana y, si tienen otra, renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos. 

El planteamiento abre una discusión de fondo: ¿cómo puede reconocerse la importancia de los paisanos que viven, trabajan y envían miles de millones de dólares a México, mientras se les condiciona el derecho a competir por algunos de los principales cargos de elección popular?

En 2025, los mexicanos en el extranjero enviaron a México 61 mil 791 millones de dólares en remesas, aunque representó una disminución de 4.6% respecto de 2024. 

En los primeros siete meses de 2026, los ingresos por remesas sumaron más de 36 mil millones de dólares, de acuerdo con cifras de Banco de México. 

Para sus críticos, el debate no debería centrarse en cuántas nacionalidades tiene una persona, sino en sus derechos como mexicana o mexicano, su trayectoria y su compromiso con el país. De hecho, legisladores de oposición han cuestionado que la reforma confunda nacionalidad con lealtad y limite derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad. 

La discusión apenas comienza en los congresos estatales y en Morelos ya la aprobaron.

La pregunta que queda sobre la mesa es si México puede pedir a sus paisanos que mantengan el vínculo económico con el país, pero al mismo tiempo poner límites a su participación política cuando alguno de ellos aspire a gobernarlo.