La reforma promovida desde el Senado busca sancionar con uno a cinco años de prisión y multas de hasta 10 mil UMA el uso comercial de identidades gráficas, dominios o documentos oficiales cuando se utilicen para inducir al error o cometer un ilícito.

Morena sostiene que la medida busca combatir la suplantación de instituciones y la piratería, y niega que pretenda castigar memes o parodias. Sin embargo, la oposición cuestiona que el texto no establezca expresamente una protección para la sátira, las caricaturas y las expresiones críticas.

Ante ello surge una pregunta que permanece abierta: ¿por qué impulsar una reforma que puede generar dudas sobre los límites entre combatir delitos y proteger la libertad de expresión?

En una democracia, las leyes deben ser suficientemente claras para evitar que una norma contra el uso ilícito de símbolos oficiales termine siendo interpretada contra quienes utilizan la sátira o la crítica política.