En su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refrendó uno de los principales mensajes de su administración: “México es un país soberano y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”.

La frase resume una postura que el actual gobierno ha colocado en el centro de su discurso político frente a Estados Unidos y, particularmente, ante cualquier posibilidad de intervención o injerencia extranjera en asuntos internos de México.

La presidenta también subrayó que la cooperación no significa sometimiento, especialmente al referirse a los acuerdos alcanzados con el gobierno estadounidense en materia de seguridad. El planteamiento resulta claro: México puede cooperar con otros países sin renunciar a su soberanía ni a su capacidad de tomar sus propias decisiones.

Sin embargo, es precisamente en este punto donde surge una pregunta que merece ser discutida públicamente: ¿hasta dónde llega la defensa de la soberanía cuando se trata de personajes políticos o actores vinculados a investigaciones y señalamientos de corrupción?

La polémica aparece cuando las decisiones de otros gobiernos, como la imposición o cancelación de visas, son interpretadas desde México como un asunto de soberanía nacional. Una cosa es defender la autodeterminación del Estado mexicano y otra muy distinta utilizar ese principio como argumento político frente a investigaciones, señalamientos o decisiones administrativas tomadas por otro país.

El debate adquiere mayor relevancia cuando existen acusaciones públicas relacionadas con fenómenos como el huachicol fiscal, redes de corrupción, contratos públicos y algunas de las obras emblemáticas de la administración anterior. En estos casos, la ciudadanía tiene derecho a exigir investigaciones transparentes, independientemente de la filiación política de las personas involucradas.

La soberanía no debería convertirse en un escudo para proteger a nadie. Si un funcionario, empresario o personaje político es señalado por posibles actos ilícitos, lo que corresponde es que las instituciones investiguen con autonomía, presenten pruebas y, en su caso, que los tribunales determinen responsabilidades.

Ahí es donde aparece la contradicción que plantea el discurso oficial: por un lado, se exige respeto absoluto a la soberanía mexicana; por otro, se cuestionan acciones de autoridades extranjeras cuando afectan a determinados personajes, presentándolas como una amenaza o una forma de intervencionismo.

Defender la soberanía significa, ante todo, defender la capacidad de México para investigar y sancionar posibles actos de corrupción sin importar quién sea el involucrado. También significa evitar que las instituciones del Estado sean utilizadas para proteger intereses políticos.

La cooperación internacional en materia de seguridad no necesariamente representa sometimiento, como bien ha señalado la presidenta. De la misma manera, aceptar que existen investigaciones o decisiones legítimas de otros países tampoco tendría por qué significar entregar la soberanía nacional.

El verdadero reto está en evitar el doble discurso: ni intervencionismo extranjero, ni impunidad nacional.

México necesita instituciones fuertes, investigaciones transparentes y una justicia que no distinga entre aliados y adversarios políticos. Porque la soberanía que se defiende con firmeza frente al exterior también debe defenderse dentro del país, garantizando que nadie esté por encima de la ley.