Después de litigar una denuncia de la empresa NL Technologies, la administración del alcalde Rodrigo Arredondo logró ahorrarle 1,250 millones de pesos a los cuautlenses. El contrato con esta empresa es uno de los tantos actos de corrupción de la administración del ex presidente Tadeo Nava, quien junto con su cabildo le otorgó una concesión para instalación de luminarias en la ciudad de Cuautla. La demanda se interpuso ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) originalmente por 843 millones de pesos, pero considerando las actualizaciones, el monto reclamado ascendía a 1,250 millones de pesos.
El TJA se declaró incompetente para conocer del asunto puesto que el contrato involucraba recursos federales. Adicionalmente, el tribunal resaltó que la empresa no logró acreditar la instalación de ninguna luminaria, por lo que la compensación reclamada era injustificada. Llama la atención que, ante un acto tan notoriamente desventajoso para el Ayuntamiento, y lleno de corrupción, ni la administración de Tadeo Nava ni la de Jesús Corona hicieron nada por detener el pretendido saqueo a las arcas municipales. Este es un de los tantos casos en los que la irresponsabilidad y corruptelas de las administraciones anteriores le salían caras a los cuatlenses.
Aunque algunos miembros del Cabildo de Tadeo Nava han dicho que su firma fue falsificada, sola una persona hizo una denuncia formal. Es por ello que la administración del presidente Rodrigo Arredondo, tuvo que litigar este asunto en el TJA. Pero este caso va más allá de los actos de corrupción del Cabildo de Tadeo Nava. Ese contrato fue posible gracias a la emisión del Decreto 996 por parte del Congreso del estado en 2016, en la administración de Graco Ramírez, en el que habilitaba a todos los municipios del estado a firmar un contrato para la implementación de un programa de eficiencia energética. Para ello, el Congreso les autorizó firmar contratos hasta por 30 años, dejando en garantía los ingresos propios y las participaciones federales. Es claro que se trató de un saqueo avalado por el Congreso estatal, lo cual nos hace recordar algunas de sus maniobras recientes, como es el caso del Fondo de Infraestructura Municipal, que fue un intento por sacar una tajada del presupuesto, y que afortunadamente fue anulado por la Suprema Corte de Justicia.
